La organización ecologista exige que la protección contra la pobreza en la edad avanzada sea universal, defiende ampliar la base de financiación de los sistemas de bienestar y propone suprimir los incentivos fiscales de los fondos privados de pensiones.
El coportavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, ha manifestado hoy que la propuesta de retrasar la edad jubilación hasta los 67 años, que se repite a lo largo y ancho del territorio europeo, forma parte de un capítulo más de la lucha entre mercados y gobiernos por establecer quién regula a quién y que, en concreto, “se trata de una lucha entre los fondos privados de pensiones y los sistemas públicos”. Ante esta ofensiva de los mercados, Marcellesi declara que la organización ecologista apuesta por un modelo de pensiones sostenibles y genuinamente universales, basado en la ampliación de sus fuentes de financiación a todos los impuestos generales y cualquier otra forma de ingreso. “Ya es hora de desechar el anacronismo que las limita a la cotización de los trabajadores, como es hora también de suprimir los incentivos fiscales públicos a quienes suscriben fondos privados de pensiones y empezar a luchar decididamente contra el fraude fiscal, en vez de entrar en una dinámica de recorte de gastos públicos”, ha defendido el portavoz.
La Coordinadora Verde propone, como premisa básica, que cualquier sistema de pensiones garantice la justicia social. “Nuestra exigencia fundamental es que la protección contra la pobreza en la edad avanzada sea universal, incluyendo a mujeres y hombres, nativos e inmigrantes, gentes de diferentes profesiones, autónomos, personas que lograron asegurar su empleo y otras que sufrieron el desempleo prolongado o jamás realizaron ningún trabajo retribuido”, ha insisitido Marcellesi.
Para la financiación de tal sistema de pensiones, la plataforma ecologista apuesta por ampliar la base de financiación de los sistemas de bienestar, “incluyendo, entre otros, los ingresos procedentes de impuestos sobre beneficios, plusvalías y consumo”. Por otra parte, mantiene que el capital y las empresas deben asumir su participación justa en los impuestos y las contribuciones sociales, lo que implica incrementar la intensidad y la eficacia de la lucha contra el fraude y la evasión y contra los paraísos fiscales. A este respecto, los ecologistas recuerdan que en España los impuestos están cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que el gasto público se sitúa en ocho puntos por debajo, a casi quince puntos del PIB de países como Alemania, Francia, Dinamarca o Suecia y que existe, por tanto, un margen amplio para ampliar la presión fiscal en la sociedad española, incluso para financiar sólo con ella el crecimiento de las pensiones en el PIB.
Por su parte, Sonia Ortiga, coportavoz asimismo de la plataforma verde, señala que “no deben existir incentivos fiscales socialmente injustos para esquemas de naturaleza privada: un enorme porcentaje de los fondos de pensiones se utiliza actualmente para fines especulativos y de inversión en actividades socialmente irresponsables e insostenibles. Desde la Coordinadora Verde pedimos medidas obligatorias para reorientar sus inversiones hacia actividades enfocadas a la sostenibilidad y que sean socialmente responsables”
La coportavoz explica que en la medida en que cada vez son más las personas que se desplazan por los diferentes Estados miembros de la UE durante su vida laboral, “queremos garantizar también la portabilidad de los derechos en la Unión Europea, al tiempo que se respetan las obligaciones fiscales. Proponemos, por otra parte, que se fomente la colaboración entre los Estados miembros de la UE mediante el intercambio de información y promoción de debates periódicos sobre los respectivos sistemas de pensiones, con el fin de elaborar una legislación conjunta para erradicar la pobreza en edades avanzadas”.
La Coordinadora Verde propone desarrollar esquemas flexibles de pensiones que otorguen a la población pensionista el derecho a disfrutar de la edad avanzada mientras se goza de buena salud, lo que puede significar posibilidades de retiro anticipado, en unos casos, y posibilidades de pensiones diferidas, en otros. Por último, y en palabras de Sonia Ortiga, “se trata también de conseguir la justicia de género en los sistemas de pensiones, ya que teniendo en cuenta la menor retribución de las mujeres a igualdad de trabajo y que la asignación de las pensiones se basa en el tiempo cotizado, ambas circunstancias perjudican claramente a las mujeres, que acaban percibiendo una pensión inferior”
De manera general y como profunda reforma del sistema productivo, la organización ecologista aboga por una renta básica de ciudadanía universal, incondicional y que cubra las necesidades básica, a fin de luchar contra la exclusión social, valorar las actividades sociales y ecológicas y garantizar que no exista discontinuidad de renta en caso de discontinuidad del empleo.
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