Según el coportavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, “la propuesta del ministro de Trabajo de eliminar la prestación económica a los parados que rechacen una oferta de empleo o de formación en un plazo de 30 días es inaceptable. Es una puerta abierta hacia un sistema generalizado de “trabajadores pobres”, obligados a aceptar cualquier empleo, independientemente de las condiciones laborales, de salud, ambientales o de localización, entre otras”

Para la plataforma verde, la propuesta de Corbacho significa facilitar a los empleadores un posible abuso de la situación de los parados, como pedir 20 años de experiencia y pagar el sueldo de un principiante. En su lugar, sostiene que lo que sería más “razonable” es garantizarle un puesto de trabajo en treinta días, pero a no más de 30 minutos en transporte público del domicilio, con un salario digno, en condiciones de salud ambiental y en un sector de la economía sostenible. “Es necesaria una reforma laboral, pero una que permita una verdadera transformación ecológica de la economía y una reconversión de los puestos de trabajo hacia los sectores de futuro como energías renovables, rehabilitación de edificios, transporte público, economía del cuidado, o agricultura ecológica”, ha explicado Marcellesi

La coportavoz de la organización política ecologista, Sonia Ortiga, indica que “existe un amplio abanico de itinerarios formativos para ocupaciones laborales necesarias, demandadas y adecuadas para su impartición a mujeres y hombres parados de todos los niveles de formación previa, edades y condiciones sociales. La capacitación laboral de personas que por diferentes motivos deben o quieren reorientar su actividad remunerada es en sí misma una actividad generadora de empleo, que parece no haber descubierto el Sr. Corbacho todavía”. Añade Ortiga que el diminutivo “cursillo”, denominación común que describe de forma plástica los esfuerzos públicos para recapacitar profesionalmente a la población adulta “da fe de ello”.

En concordancia con lo anterior, la coportavoz recomienda al responsable del ministerio de Trabajo “revisar los contenidos y la utilidad de la oferta formativa para adaptarla a las exigencias del mercado laboral moderno y sostenible que propaga su propio partido”, descentralizando la oferta formativa, “ya que es un hecho que los parados que no residen en capitales de provincias, salvo que dispongan de medios propios de transporte, se encuentran en una situación doblemente discriminadora.”

La economía clásica, con sus asunciones, sus cifras y metodologías, tiene en cuenta sólo a la mitad de la población: los hombres. Su estilo de trabajo, definido por los roles sociales, se contabiliza como valioso para el desarrollo económico. El trabajo realizado tradicionalmente por las mujeres como el trabajo reproductor, los cuidados, la agricultura a pequeña escala, etc, por lo general no están remunerados y por lo tanto no forman parte del PIB, a pesar de ser fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. Durante décadas, feministas y economistas feministas han criticado este hecho, apuntando que mientras que la contaminación ambiental, la guerra o los desastres naturales aumentan el PIB, la crianza de los hijos no cuenta. El trabajo que no se paga no se considera “trabajo real” y sin ingresos, las mujeres tienen menos poder en las negociaciones intrafamiliares y menos poder en la representación política. Aparte de los problemas abstractos en sentido macroeconómico, esto también significa que las mujeres muchas veces dependen de un hombre-proveedor y no tienen ninguna seguridad en el caso de que dicho proveedor desaparezca.

Las mujeres divorciadas, por ejemplo, tienen más posibilidades de caer en la pobreza, también en los países europeos, ya que a menudo dejan de trabajar (a tiempo completo) por dinero una vez llega el primer hijo, y por la misma razón se ven discriminadas por el sistema de pensiones. Además, generalmente es la madre la que se hace cargo de los hijos tras un divorcio y por lo tanto tiene una carga (financiera) mayor y menos tiempo para el trabajo remunerado. Otro problema en la vida económica diaria de las mujeres es su excesiva representación en trabajos mal pagados y carentes de prestigio, como trabajos de limpieza, cuidado de niños, como secretarias, etc. Las elecciones realizadas por las mujeres están condicionadas, por supuesto, por estereotipos y roles sociales impuestos por el ambiente en el que viven, la escuela y la familia. A pesar de todo, lo anterior no puede explicar todas las diferencias existentes. Ni las diferencias en los salarios entre hombres y mujeres, ni los diferentes valores dados a los diferentes sectores. En toda la UE, las mujeres ganan menos que los hombres porque se enfrentan a discriminación directa.

Las mujeres ganan un 15% menos que los hombres de media en la UE. Se trata de mucho dinero. Una economía feminista tendría en cuenta aspectos tanto de la economía global como de la realidad concreta de mujeres reales. Aunque existen propuestas para hacer del PIB un indicador más justo con las mujeres y el medio ambiente, sigue sin ser un concepto válido para valorar la reproduccion como trabajo, algo que cada vez piden más feministas. ¿Debería ser el trabajo en casa remunerado? ¿Debemos luchar por una renta básica o ésta sólo servirá para que más mujeres se alejen de los trabajos remunerados? ¿Deberíamos asegurar que las mujeres consigan trabajos bien pagados y se conviertan en líderes globales o deberíamos rechazar el sistema entero por ser un sistema masculino? Son preguntas importantes, pero siguen siendo abstractas y a largo plazo. Debemos responderlas, pero al mismo tiempo hay que recordar que luchamos por mejorar la situación de las mujeres aquí y ahora. Aquí, los Verdes llevamos la delantera: luchando por el mismo salario para el mismo trabajo; por el reconocimiento del trabajo familiar en los sistemas de pensiones y por más mujeres en posiciones líderes. Son medidas a medias, mejoras, pero no es todo lo que podemos y debemos hacer.

Pero incluso estas ideas moderadas, medidas a medias, siempre se encuentra con una resistencia reaccionaria. Y hoy en día, la razón que van a dar para reaccionar así es la crisis. Dirán, “no nos lo podemos permitir”. Como si los costes fueran una objeción a la justicia. Aunque no podemos decir simplemente que esta crisis no hubiera tenido lugar de haber estado mujeres al cargo de las finanzas globales, sí que podemos decir que esta crisis la han creado los hombres. Y por el momento parece que son las mujeres a nivel global las que están sufriendo las peores consecuencias: son los trabajos peor pagados de la industria textil los que están siendo sacrificados, mientras los gobiernos aseguran que industrias con mano de obra masculina, como la industria automovilística, sobrevive. Porque “las mujeres siempre pueden volver a casa a cuidar de sus familias”. No, esta no es la solución.  Necesitamos una economía para las mujeres, y la necesitamos ya.

Articulo publicado originalmente en la revista Green Economics from a Youth Perspective

Para la Coordinadora Verde, el déficit público de España no es preocupante y las medidas que hoy ha anunciado José Luis Rodríguez Zapatero responden más a presiones externas para intentar acabar con el Estado de bienestar, ante las que el Gobierno ha terminado cediendo, que a razones estrictamente económicas. Así se entiende que sean los trabajadores, los pensionistas, las personas dependientes, las futuras madres y los destinatarios de la ayuda al desarrollo quienes cargarán sobre sus espaldas el peso de los recortes previstos.

Para la reducción de gastos, la CV propone que el presidente del Gobierno fije su atención sobre la asignación a la Iglesia, los gastos de Defensa y las inversiones en grandes obras y fastos; propone la reducción de Ministerios, de altos cargos y de gastos protocolarios; la eliminación de ayudas y subvenciones al automóvil, al carbón, a la industria nuclear y a la aeronáutica; la supresión dentro de la Administración del Estado de duplicación de funciones, a fin de que se rija con criterios de máxima eficiencia, y la realización de un esfuerzo nacional para reducir la importación de combustibles fósiles, sin olvidar proporcionar un marco estable a las renovables ya que son las grandes generadoras de empleo.

Por otra parte, por justicia social y por reparto equitativo y proporcional de las cargas, la Coordinadora Verde propone regular un impuesto a las transacciones financieras, combatir el fraude fiscal, normalizar el impuesto sobre patrimonio y avanzar en una fiscalidad verde. Para la plataforma ecologista, las medidas de ajuste propuestas hoy han olvidado por completo que quien más tiene, más debe contribuir al mantenimiento de los gastos públicos, por lo que no es extraño que la banca esté celebrando las medidas de un gobierno que ha optado por obedecer a los mercados y comenzar un proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar.

El coportavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, ha  manifestado hoy que  la propuesta de retrasar la edad jubilación hasta los 67 años, que se repite a lo largo y ancho del territorio europeo,  forma parte de un capítulo más de la lucha entre mercados y gobiernos por establecer quién regula a quién y que, en concreto, “se trata de una lucha entre los fondos privados de pensiones y los sistemas públicos”.  Ante esta ofensiva de los mercados, Marcellesi declara que la organización ecologista apuesta por un modelo de pensiones sostenibles y genuinamente universales, basado en la ampliación de sus fuentes de financiación a todos los impuestos generales y cualquier otra forma de ingreso.  “Ya es hora de desechar el anacronismo que las limita a la cotización de los trabajadores, como es hora también de suprimir los incentivos fiscales públicos a quienes suscriben fondos privados de pensiones y empezar a luchar decididamente contra el fraude fiscal, en vez de entrar en una dinámica de recorte de gastos públicos”,  ha defendido el portavoz.

La Coordinadora Verde propone, como premisa básica,  que cualquier sistema de pensiones garantice la justicia social. “Nuestra exigencia fundamental es que la protección contra la pobreza en la edad avanzada sea universal, incluyendo a mujeres y hombres, nativos e inmigrantes, gentes de diferentes profesiones, autónomos, personas que lograron asegurar su empleo y otras que sufrieron el desempleo prolongado o jamás realizaron ningún trabajo retribuido”, ha insisitido Marcellesi.

Para la financiación de tal sistema de pensiones, la plataforma ecologista apuesta por ampliar la base de financiación de los sistemas de bienestar, “incluyendo, entre otros, los ingresos procedentes de impuestos sobre beneficios, plusvalías y consumo”. Por otra parte, mantiene que el capital y las empresas deben asumir su participación justa en los impuestos y las contribuciones sociales, lo que implica incrementar la intensidad y la eficacia de la lucha contra el fraude y la evasión y contra los paraísos fiscales. A este respecto, los ecologistas recuerdan que en España los impuestos están cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que el gasto público se sitúa en ocho puntos por debajo, a casi quince puntos del PIB de países como Alemania, Francia, Dinamarca o Suecia y que existe, por tanto, un margen amplio para ampliar la presión fiscal en la sociedad española, incluso para financiar sólo con ella el crecimiento de las pensiones en el PIB.

Por su parte, Sonia Ortiga, coportavoz asimismo de la plataforma verde, señala que “no deben existir incentivos fiscales socialmente injustos para esquemas de naturaleza privada: un enorme porcentaje de los fondos de pensiones se utiliza actualmente para fines especulativos y de inversión en actividades socialmente irresponsables e insostenibles. Desde la Coordinadora Verde pedimos medidas obligatorias para reorientar sus inversiones hacia actividades enfocadas a la sostenibilidad y que sean socialmente responsables”

La coportavoz explica que en la medida en que cada vez son más las personas que se desplazan por los diferentes Estados miembros de la UE durante su vida laboral, “queremos garantizar también la portabilidad de los derechos en la Unión Europea, al tiempo que se respetan las obligaciones fiscales. Proponemos, por otra parte, que se fomente la colaboración entre los Estados miembros de la UE mediante el intercambio de información y promoción de debates periódicos sobre los respectivos sistemas de pensiones, con el fin de elaborar una legislación conjunta para erradicar la pobreza en edades avanzadas”.

La Coordinadora Verde propone desarrollar esquemas flexibles de pensiones que otorguen a la población pensionista el derecho a disfrutar de la edad avanzada mientras se goza de buena salud, lo que puede significar posibilidades de retiro anticipado, en unos casos, y posibilidades de pensiones diferidas, en otros. Por último, y en palabras de Sonia Ortiga,  “se trata también de conseguir la justicia de género en los sistemas de pensiones, ya que teniendo en cuenta la menor retribución de las mujeres a igualdad de trabajo y que la asignación de las pensiones se basa en el tiempo cotizado, ambas circunstancias perjudican claramente a las mujeres, que acaban percibiendo una pensión inferior”

De manera general y como profunda reforma del sistema productivo, la organización ecologista aboga por una renta básica de ciudadanía universal, incondicional y que cubra las necesidades básica,  a fin de luchar contra la exclusión social, valorar las actividades sociales y ecológicas y garantizar que no exista discontinuidad de renta en caso de discontinuidad del empleo.

Franklin D. Roosevelt, presidente norteamericano entre 1933 y 1937, puso en marcha un conjunto de medidas económicas, conocidas como New Deal (Nuevo Trato o Nuevo Reparto de Cartas, como se traduciría al español), para hacer frente a la grave crisis económica de 1929. El New Deal verde recupera la idea, pero el nuevo contrato social, según los ecologistas, tendría esta vez un carácter verde, es decir, orientado a la sostenibilidad ambiental. Se trataría de poner en marcha una Economía Verde, respetuosa con las personas y el medioambiente.

Para la Coordinadora Verde, un cambio de rumbo en el actual modelo económico, al que califica de “caduco, especulador y abusivo”, no es sólo un cambio en el lenguaje. Según Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista, “la socialdemocracia, que se ha quedado sin respuestas a la crisis que conduzcan a un cambio de modelo, ha optado por utilizar el lenguaje ecologista para que todo siga igual : economía sostenible, empleo verde, renovables y eficiencia energética, etc. Por otro lado, la mayoría neoliberal y productivista del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea es responsable de ceder ante las exigencias de los grupos de presión industriales, anteponiendo los beneficios a corto plazo al interés general y de las generaciones futuras”.

Expone el coportavoz verde que, desde 1984, su grupo ha impulsado en el Parlamento Europeo “las políticas sociales más avanzadas en los derechos de los trabajadores, más allá de la aritmética de sus escaños, mientras que otros han utilizado el mantra de la competitividad y del crecimiento para reducir las condiciones sociales y laborales de los trabajadores”. Para Los Verdes, defiende Marcellesi, “Europa debe dar ejemplo reforzando los derechos de los trabajadores, en lugar de competir por ver quién establece el salario y las condiciones laborales más bajas, y apostar por una Renta Básica de Ciudadanía. Asimismo, Los Verdes nos hemos mostrado insistentemente en contra de las políticas que desde la Unión Europea y sus Estados miembros debilitan los servicios públicos, como la sanidad o la educación, con la excusa de buscar el bien de la competencia. El movimiento verde manifiesta la necesidad de seguir luchando por una Europa sostenible, social y auténticamente democrática, en donde los servicios públicos sean esenciales para el interés general y la Administración garantice su acceso y universalidad”.

Por su parte, la coportavoz Sonia Ortiga declara que, “además de una fiscalidad verde, abogamos por la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras de carácter especulativo que reduzca este tipo de operaciones y genere recursos que puedan emplearse en la financiación de diversos objetivos sociales y ambientales con ninguna o escasas aportaciones económicas en la actualidad. Se deben controlar los mercados financieros para que dejen de ser casinos donde los hogares y la supervivencia de la gente son las fichas de la apuesta y que por su naturaleza transnacional requiere una respuesta coordinada a escala europea y mundial”. Prosigue Ortiga: “El «New Deal» verde da prioridad al comercio justo y denuncia el poder de Europa en las negociaciones internacionales que a menudo se emplean para conseguir un buen trato para los ricos a expensas de las condiciones económicas, sociales y ambientales de los pobres. Debemos hacer que la Organización Mundial del Comercio transforme su programa de libre comercio en un programa de comercio justo y sostenible, dando prioridad a la protección de los bienes comunes y a la reducción de la pobreza”.

Para Ortiga, “en España, donde la presencia de la Ecología política en las instituciones es menor que en otros países, la terminología verde está siendo utilizada a modo de retórica políticamente correcta, como propaganda de una Administración socialista sin ideas para salir de la crisis, que no cumple con sus compromisos internacionales contra el cambio climático ni con sus promesas electorales sobre el cierre de las plantas atómicas y que ha convertido a España en el granero del maíz transgénico de toda Europa. El destino final del desarrollismo de los modelos capitalista o comunista es el de provocar siempre, a corto o medio plazo, una crisis social” La coportavoz ecologista pone como ejemplo de lo anterior “la grave crisis ecológica que ha causado en España el desarrollismo basado en el monocultivo del ladrillo, potenciado por los gobiernos conservadores y socialistas, que ha originado la peor crisis social de la democracia: el descontrolado paro que sufre nuestro país”.

En las jornadas organizadas en Madrid con la colaboración de la Coordinadora Verde, Los Verdes europeos cuentan con la presencia de importantes personalidades del movimiento ecologista español, como Ladislao Martínez, de Ecologistas en Acción, Mar Asunción, de WWF España y Juancho López Uralde, director de Greenpeace-España, entre otros, así como destacados miembros de la Ecología política en España y en Europa. Inaugurará los actos el Presidente del Congreso, José Bono, y Rebecca Harms, Co-Presidenta del Grupo Parlamentario Verdes/ALE.

El gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la minoría opulenta frente a la mayoría, decía Madison.Y de inyectar a nuestros opulentos banqueros todo el dinero público que sea preciso, podría haber añadido actualmente. La minoría opulenta es también la que fija los términos del debate público y la que determina en todo momento de qué hay que hablar y en qué términos. Si Eisenhower habló en su momento del complejo militar industrial, también se puede hablar hoy día de la existencia del complejo político mediático. Complejo que impone de qué se debe hablar y cuáles son las posibles opciones dentro de cada cuestión, excluyendo otros enfoques posibles. Ahora está sucediendo con la crisis económica. Da igual que sea un partido o un medio de comunicación de derechas o de “izquierdas” –o lo que nos venden como izquierdas–, al final los análisis acaban siendo muy similares y la conclusión es básicamente la misma: no hay alternativa al sistema económico actual y la ciudadanía de este país tiene que asumir que vendrán ajustes duros y necesarios; es decir, que ellos van a pagar la factura de la crisis creada por la minoría opulenta.

Se dice que ésta fue en origen una crisis financiera provocada por un exceso de avaricia de unos cuantos desaprensivos. Un análisis más profundo nos haría entender que la avaricia, o mejor dicho, la usura, es precisamente la seña de identidad del sistema financiero global. Resulta que el 95% del dinero en circulación es creado por los bancos a través de créditos sin una base de dinero real. Los Estados sólo crean un 5% del dinero, que es un producto prácticamente monopolizado por entidades financieras privadas. Por ejemplo, en la UE, los bancos sólo tienen que tener en reserva el 2% del dinero total. El resto está invertido y prestado, pero no hay nada real detrás de estas operaciones, ese dinero no existe materialmente, no está depositado en ningún lado. Es un contrato que tiene valor porque así se lo concede la sociedad. Todo el mundo sabe que si la gente fuera en masa a sacar el dinero de los bancos, éstos quebrarían porque no hay tanto dinero real como el que mueve su actividad; en realidad, repito, sólo hay un 2% de ese dinero en Europa, incluso menos, porque ciertos fondos están excluidos de este coeficiente de caja. Los bancos no tienen el dinero que nos prestan. Eso sí, los ciudadanos y ciudadanas que piden préstamos tienen que devolver a los bancos todo lo que han pedido más unos suculentos intereses. ¿No es esto usura, más teniendo en cuenta que los Estados tienen la capacidad legal de crear el dinero, y sin embargo dejan que sean los bancos, entidades privadas con afán de lucro, los que asuman esta tarea? Mayer Rothschild, miembro de la dinastía europea de banqueros más poderosa, dijo una frase reveladora: “dejadme emitir y controlar la creación del dinero de una nación y me dará igual quién haga las leyes”.

Tal vez haya llegado el momento de practicar la verdadera democracia y empezar a construir un mundo nuevo al margen de la minoría opulenta. Tenemos el talento de millones y millones de personas sin trabajo que piensan que su única manera de salir adelante es siendo empleadas por cuenta ajena por una empresa que además les explota por un sueldo miserable. A estos desempleados hay que unir a aquellas personas que, a pesar de trabajar, no ganan el suficiente dinero como para poner en marcha su propio proyecto vital. ¿De verdad que no es posible vivir mejor aprovechando el potencial de tanta gente? Tal vez sí haya alternativas. Ciertamente no son alternativas que gusten a la minoría opulenta, pero existen para su desgracia. Según CEPES, la patronal de las empresas de la economía social, este sector genera más de 2,5 millones de puestos de trabajo y supone el 10% del PIB. Estoy hablando de la autoorganización, de la formación de cooperativas y de pequeños mercados locales basados en la economía real y en la consolidación de redes de productores, distribuidores y consumidores responsables. La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), que tiene cada vez más miembros en todo el territorio nacional y que no deja de crecer, es un buen ejemplo de ello.

La economía local y solidaria funciona, y funciona precisamente porque no puede meter sus garras la especulación, ni con los productos, porque se basa en la producción de bienes destinados a satisfacer necesidades reales, ni con las finanzas, gracias a que también existen las finanzas éticas: bancos y cooperativas de crédito que sólo destinan sus fondos a negocios basados en la economía real. Su objetivo es financiar iniciativas socialmente beneficiosas y medioambientalmente sostenibles. Este es el caso de las entidades pertenecientes a la Alianza Global por una Banca con Valores, fundada por el banco bengalí BRAC Bank, el banco cooperativo estadounidense ShoreBank y Triodos Bank, el líder europeo en banca ética. Muchos de estos bancos y cooperativas de crédito éticos incorporan además un modelo de gestión participativo en el que los ciudadanos y ciudadanas se convierten en gestores de la entidad, como es el caso de  Coop 57 y el Proyecto  Fiare. Entidades que ponen la intermediación financiera al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de los intereses de una minoría opulenta.

Según Sonia Ortiga, coportavoz de la organización ecologista, “agradecemos que el Sr. Van Rompuy haya hecho de la recuperación económica y la creación de empleo las prioridades para los próximos meses. Sin embargo, como activistas verdes, exigimos que el futuro de la estrategia económica -y energética- de la UE se base en la inversión en sistemas que aseguren el sustento de las futuras generaciones y de todos los seres vivos. La Unión Europea debe invertir mucho más en ahorro energético, energías renovables y eficiencia energética, ya que tienen el valor añadido de poder luchar a la vez contra el calentamiento global y crear millones de puestos de trabajo sostenibles para la ciudadanía europea.”

Por su parte, Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, prosigue: “el fracaso del COP15 pone también de manifiesto que una Unión Europea que actúa como una pura suma de los intereses nacionales de sus Estados miembros, a pesar de su tamaño, es irrelevante a nivel mundial. Si Europa quiere ejercer una influencia real en la solución de los problemas mundiales debe actuar como un cuerpo político unido. Solicitamos a Herman Van Rompuy y a José Luis Rodríguez Zapatero que, además de un cambio de mentalidad profundo, se alejen del enfoque intergubernamental donde priman los egoismos nacionales y refuercen el método comunitario. Las prácticas estatales tradicionales ya no son una opción”.

Ante las diferentes crisis (económica, social, ecológica) a las que se enfrentan Europa y el mundo entero, en los próximos meses la Coordinadora Verde seguirá proponiendo políticas específicas que aseguren la justicia social y al mismo tiempo ayuden a luchar contra estas tres crisis simultáneas.

Los Verdes, según afirma el coportavoz Florent Marcellesi ”creemos que cualquier propuesta económica pasa por entender que el Planeta es un todo interrelacionado e interdependiente. Debemos tener claro los límites de nuestros recursos naturales, dando importancia a la biodiversidad y nunca superando la capacidad de regeneración y asimiliación de los ecosistemas. La sociedad debe reconocer el despilfarro consumista en el uso del territorio, la urbanización y las infraestructuras, la generación de residuos, la alimentación, la salud, etc.. Los Verdes queremos un verdadero cambio de este modelo productivista que malbarata la naturaleza y explota los seres humanos en el Norte y en el Sur, hacia una reorientación ecológica de la economía. Debemos recuperar la democracia participativa, la equidad y la justicia para todos respetando la biodiversidad del planeta, para que podamos sustentarnos nosotros y las generaciones venideras”.
Para un verdadero cambio de modelo, los Verdes exigimos: